9 may. 2012

Comunicado del Consejo de Gobierno de la UCM

El Consejo de Gobierno de la UCM rechaza el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

 

Jueves, 3 de Mayo de 2012

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, reunido en sesión ordinaria el 7 de mayo de 2012, tras analizar el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, acuerda realizar las siguientes consideraciones:
PRIMERA: El rechazo absoluto, tanto por su forma de tramitación como por su contenido, del citado Real Decreto-Ley, dado que daña profundamente el modelo vigente de nuestra universidad pública y, con ello, el de la Universidad Complutense de Madrid, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación, tal y como se desarrolla en la Ley Orgánica de Universidades.
SEGUNDA: La Universidad Complutense de Madrid asume sin reservas la necesidad de seguir realizando cuantos esfuerzos sean necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia en la prestación de sus servicios, como así lo demuestran sus propios programas de ahorro puestos en marcha. Sin embargo, considera especialmente grave que una de las medidas para conseguir la austeridad necesaria del gasto público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, ya insuficiente y por debajo de la media europea; más aún cuando el consenso internacional considera la inversión educativa como condición necesaria para los cambios estructurales que exige nuestro sistema productivo y, en consecuencia, para la propia superación de la crisis.
TERCERA: Con mayor énfasis es preciso rechazar explícitamente algunas de las medidas de este Real Decreto-Ley, por considerarlas de especial gravedad:
  1. El aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya se encuentran por encima de la media europea; incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis.
  2. Los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, que se reducen, exclusivamente, al criterio de los resultados de la investigación, sin considerar otras actividades del personal docente e investigador, ni otros objetivos estratégicos de las universidades.
  3. La regulación de aspectos fundamentales (académicos, investigadores, estratégicos, etc.) que, con independencia de la financiación, vulnera y dificulta seriamente el ejercicio responsable de la autonomía universitaria.
  4. Las posibilidades que abre el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 14/2012 para la privatización de servicios universitarios de las universidades públicas.
CUARTA: El Real Decreto-Ley 14/2012 demuestra un grave desconocimiento del propio sistema universitario al confundir la actividad laboral del personal docente e investigador con la dedicación del estudiante. No regula, además, la actividad del personal docente e investigador contratado. Todo esto hace de imposible aplicación este Real Decreto-Ley.
QUINTA: Todas nuestras universidades públicas y muy singularmente la Universidad Complutense de Madrid han experimentado un proceso de cambio importante en los treinta últimos años, donde se ha incrementado sustancialmente la generación de conocimiento, su transferencia y la calidad de la actividad docente e investigadora. Este proceso está dando resultados que repercuten muy favorablemente en la sociedad, cumpliendo así con el objetivo fundamental de la Universidad.
SEXTA: La aplicación de este Real Decreto-Ley daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación y pone en muy serio peligro los niveles de posgrado (másteres y doctorado).
Por todo ello:

  1. Solicitamos la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con las universidades públicas para dar una solución efectiva a los problemas que en este momento tiene el sistema universitario español.
  2. Instamos a la Comunidad de Madrid a que asuma su responsabilidad en el marco de sus competencias y garantice la financiación necesaria de las universidades públicas madrileñas, sin que esto repercuta en los precios de las tasas para los sectores menos favorecidos de la  población.
  3.  Exhortamos a toda la sociedad en general, y a la comunidad universitaria en particular, a valorar los riesgos de este Real Decreto-Ley y los animamos a participar en el debate, la defensa y mejora del sistema universitario como servicio público que garantiza el progreso y la cohesión social.

Madrid, 7 de mayo de 2012

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